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La hostelería, uno de los sectores más perjudicados por las restricciones emprendidas por el Gobierno Central y las Autonomías, está optando por reclamar parte de los daños patrimoniales ocasionados por la pandemia a través diferentes vías.
La audiencia provincial de Gerona ha obligado a la aseguradora Segurcaixa Adeslas a indemnizar por importe de 6.000€ a una pizzería de la ciudad que tuvo que cesar su actividad durante el confinamiento. El negocio tenía contratada una póliza que incluía la cobertura de cese de actividad, validando el alegato de la pizzería.
En Cataluña también se está preparando una demanda colectiva contra el Gobierno y las Comunidades Autónomas por el cierre causado por las restricciones entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, lo que ha provocado que muchos negocios no hayan podido volver a abrir la persiana.
En ambos tipos de procedimientos es indispensable presentar un informe técnico económico que establezca la relación causa-efecto entre las restricciones y el perjuicio económico y que cuantifique todos los costes derivados del cierre y la pérdida de beneficios potenciales que se hubieran generado de no haberse producido estas restricciones.
La situación es España ha sido especialmente delicada, tanto por el peso en la economía de este sector como por las pocas ayudas directas recibidas por parte de las instituciones públicas, a diferencia de países como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido. Uno de los principales detonantes de esta avalancha de demandas ha sido el “Plan de Rescate” a la hostelería, turismo y comercio aprobado por el consejo de ministros el pasado 22 de diciembre donde afirman que es insuficiente para las duras medidas para frenar la pandemia, además de su prolongación en el tiempo debido al contundente efecto que ha tenido la segunda ola sobre el país, no llegan a tiempo y sin ayudas directas.